13 de noviembre de 2009

El cuento de la resiliencia



Por: Carlos Cruz Santiago*
Fotografías: Joaquín J. Abdiel


Las juventudes de la ciudad, las y los jóvenes de la comunidad, el barrio, la resistencia y sus tradiciones, la recreación autodidacta a la luz del alumbrado público, la reflexión grupal en la esquina, la revolución del vestir y el pensar y el carnaval del color que inunda mi comunidad, la cancha de básquet que se usa para el fútbol, las mesas de ajedrez que sirven como mesa de masaje mutuo entre los novios adolescentes del barrio, la pared trasera del centro comunitario o del patio de la escuela convertida en frontón, la calle empinada que prolonga la caída libre en patineta, la esquina donde converge la amistad, el amor, el albur, donde la violencia hace converger a quienes la sufren en casa y están dispuestos a ejercerla en la calle… todo lo anterior es el espacio público.


¿Quién no recuerda las diversas etapas de la vida en el espacio público? Jugar a “Doña Blanca” e identificar “los pilares de oro y plata”, la “cascarita” en medio de la calle y el sonido electrizante de un ventanal roto por la fuerza infantil del talento deportivo callejero; o bien, aquella vieja canción de Rubén Baldes que a la letra dice “Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar”. Algo más moderno con la Maldita Vecindad al son de “En la noche, en la ciudad, los vatos miran pasar las patrullas sin dudar, buscando a quien apañar”; todas son acciones que suceden en la calle, en los barrios, en el espacio público.


La calle, la no calle, el espacio público, el sitio de pertenencia social de la juventud excluida es un no-lugar de pertenencia al sistema social. Es en la calle donde se generan abismos de exclusión y diversas formas de discriminación que se retroalimentan negativamente con situaciones de inseguridad y riesgo, violencia callejera, violencia de género y familiar, maltrato infantil, deserción escolar, organización para el delito y la delincuencia organizada, el uso y abuso de drogas, el abuso en el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos.

Es en la calle donde se configura hoy la visión que se construye mediáticamente de lo juvenil. La juventud es vista como la etapa de la vida en la que se produce el pasaje de la intimidad familiar a los códigos de la cultura en la que el individuo logra la madurez sexual, la asimilación psíquica de los cambios morfológicos y psicológicos que ocurren en el cuerpo, la identidad sexual y la identidad de género. Durante esta etapa de la vida la persona descubre sus intereses sociales, políticos, culturales, sus gustos, sus sueños, etc. Pero, ¿quiénes son los jóvenes?, ¿qué quieren?, ¿qué les gusta? Son preguntas que tenemos que realizar cuando asumimos el reto de transformar el espacio público, pero las respuestas las debemos obtener directamente de las poblaciones juveniles que habitan una comunidad. Al acercarnos y entablar una construcción colectiva podemos afirmar que:

• Las juventudes son la cara visible del proceso de acumulación de la riqueza que ha dejado a una gran franja de la población en situación de riesgo, pobreza social y pobreza económica.

• Es el grupo etario sobre el que pesan los estereotipos, mitos y supuestos que es necesario desnaturalizar en función de reconocer y aprovechar sus capacidades innovadoras.

• Son sujetos/actores sociales potencialmente transformadores, que debieran ser el punto de partida a la hora de pensar estrategias de inclusión y reconstrucción del tejido social.

¿Qué hacer?, ¿cómo hacerlo?, ¿dónde hacerlo?, ¿con quién hacerlo? son algunas preguntas que se generan en las poblaciones juveniles.

Partir de la resiliencia como pilar de transformación implica reconocer su construcción social. Al respecto, existen varias definiciones y distintos planteamientos teóricos y conceptuales sobre la resiliencia. El de Rutter es quizá uno de los más sólidos e integradores, según el cual la resiliencia se caracteriza como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana en un medio insano. Estos procesos se realizan a través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre los atributos de la o el niño, adolescente, joven y su ambiente familiar, social y cultural.


Así, la resiliencia no puede ser concebida como un atributo con el que los seres humanos nacen o que éstos adquieren durante su desarrollo, sino que se trata de un proceso que caracteriza un complejo sistema social, en un momento determinado del tiempo.

Así, el término se adoptó por las ciencias sociales para caracterizar a aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en condiciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y son socialmente exitosos.

A partir del diagnóstico de los factores de riesgo en las poblaciones juveniles podemos encontrar algunos factores que inhiben la resiliencia comunitaria:

• La admiración por lo extranjero (el malinchismo).

• La pasividad ante la desgracia (se piensa que ya no hay alternativa y se ve a la violencia como única alternativa de solución a problemas).

• Los problemas de la comunidad sólo son de quien los padece.

• El ejercicio de los liderazgos autoritarios (expulsa de la participación a las y los jóvenes que pueden enriquecer con acciones e ideas novedosas e innovadoras la vida social de la comunidad).

• La anulación de liderazgos (implica la poca transparencia en el manejo de los recursos y por ende en acciones que muchas ocasiones terminan en actos de corrupción).
Por lo anterior entendemos a la resiliencia comunitaria como la posibilidad de generar herramientas y habilidades para el uso de acciones y procesos sociales que permiten configurar una nueva arquitectura social con componentes de democracia participativa, recuperación de la vida pluricultural, el liderazgo comunitario, las buenas costumbres ancestrales, la transparencia y la rendición de cuentas, el humor social y la autoestima colectiva.


Cómo construimos resiliencia

En el trabajo cotidiano identificamos dos maneras de generar resiliencia comunitaria: los procesos de vida y los procesos comunitarios empujan a la generación de resiliencia de manera natural, sin embargo en la mayoría de los casos la resiliencia es obtenida a través de acciones que permiten el desarrollo de competencias sicosociales:

• Niños niñas, jóvenes, mujeres, adultos mayores son indispensables para la construcción de relaciones significativas y simbólicas en el espacio público.

• Establecer expectativas altas y viables en las que la comunidad tenga una acción participativa.

• Brindar oportunidades de participación significativa para todas y todos los integrantes de la comunidad, y que a través de esta acción se reconozcan las prioridades, los recursos humanos, los sueños y anhelos de las y los integrantes de la comunidad.

• Trabajar en red para ampliar la vinculación social de los actores sociales como de las y los beneficiarios de toda intervención en los barrios y las comunidades.

• Establecer los nuevos acuerdos de convivencia pacífica, que permitan clarificar límites claros y consistentes.

• Enseñar las habilidades para la vida que permitan el uso y goce del espacio público (empatía, solución de problemas y conflictos, pensamiento crítico, pensamiento creativo, relaciones interpersonales y asertividad).

• Uso y goce del espacio público con perspectiva juvenil e intervención intergeneracional e intrageneracional.

• Política pública de protagonismo comunitario para la recuperación de los espacios públicos.

• Protagonismo juvenil, actores sociales jóvenes con formación pluricultural, costumbres comunitarias, intergeneracional y género.

• Protagonismo social comunitario como mecanismo de construcción de paz.

• Recreación y cultura urbana, rural y ancestral como herramienta de formación de capacidades y habilidades.

• Tecnologías de información y comunicación (acceso y uso, nubes de internet gratuito).

• Voluntariado para la formación y vinculación nacional e internacional.

• Industrias culturales desde y con las y los jóvenes.

• Industria de la construcción para la recuperación de espacios públicos con y desde las juventudes.

• Turismo de barrio y convivencia alternativa.

• Construir –y nunca dejar de construir como herramienta para romper los paradigmas establecidos en la vida comunitaria.

Fomentemos entonces los pilares de la resiliencia y hagamos de la no calle el espacio público; reconstruyamos el tejido social y el nuevo contrato de uso y goce del espacio público.

Hacer del espacio público un nuevo centro de desarrollo es imperante en nuestras ciudades. Revalorar la actuación de las juventudes en sus barrios y sus comunidades a partir de saber que son sujetos de derecho, que son actores potenciales para el cambio, es sin duda la mejor forma de construir confianza como valor motivador, que moviliza y rompe los paradigmas del adultocentrismo.

* Director general de Cauce Ciudadano, A. C.

Nota al pie de página:
1 Michael Rutter, “Resilience: Some conceptual considerations”, en Journal of Adolescent Health, núm. 8, 1993.

12 de noviembre de 2009

¿Ciudades para personas o para autos?


Por: Ruth Pérez López*

Fotografías: Annika Börm y Mariana M. Sánchez Puente




La actual administración del Gobierno del Distrito Federal (GDF) se ha propuesto mejorar la movilidad urbana aumentando la oferta de transporte público. Los proyectos destinados a crear alternativas a la saturación vial y a mejorar la calidad del aire se intensifican: ampliación de la red de Metro y Metrobús, construcción del Tren suburbano y del corredor cero emisiones, sustitución de taxis y peseros, puesta en marcha del Hoy no Circula Sabatino, limitación de la circulación de vehículos foráneos y del extranjero, implementación del transporte escolar obligatorio en escuelas privadas, reubicación laboral de empleados de gobierno, entre otros.

En contraste con estas acciones, las autoridades siguen asignando una parte importante de los recursos públicos a obras que buscan “agilizar la circulación vehicular”, como la construcción de vías rápidas, distribuidores viales, puentes vehiculares, cajones de estacionamiento, túneles y pasos a desnivel. Así, mientras por un lado se está apostando por el transporte público, por otro se perpetúan las obras que incentivan el uso del automóvil y, a largo plazo, agravan el problema de congestionamiento vial. En consecuencia, los esfuerzos emprendidos para mejorar la movilidad urbana no conducen a ningún cambio significativo; las diversas iniciativas pierden su potencialidad, dejan de responder a los intereses colectivos y terminan por perjudicar la calidad de vida de las y los ciudadanos.


Hegemonía del coche

Las políticas orientadas a la ampliación y mejoramiento de la red vial que se aplican desde el advenimiento de la ciudad moderna, conllevan a un aumento significativo del uso del automóvil particular. Entre 1994 y 2007, los viajes realizados en este medio de transporte se incrementaron 30% en la zona metropolitana del valle de México.(1) A la vez, el tiempo promedio de traslado aumentó siete minutos, pasando de 46 en 1994, a 53 en 2007. Lo anterior indica que la movilidad no se ha mejorado durante estos últimos años; al contrario, el congestionamiento vial ha empeorado, las horas pico se han extendido y las velocidades se han reducido.

Si bien poseer un auto particular fue sinónimo, en su momento, de libertad de desplazamiento, rapidez, flexibilidad y placer, hace tiempo que en la ciudad de México el automóvil ya no cumple con estas características. Sin embargo, el desarrollo de una relación simbólica y afectiva al auto ha llevado a considerarlo un fin en sí mismo. Por esta razón, aun cuando su uso responde cada vez menos a una necesidad de transporte y movilidad, la demanda de este tipo de vehículo es mayor y va en aumento.




Monopolización del espacio

Cuántas veces hemos escuchado frases como “el Distrito Federal ha llegado al límite de su capacidad” o “ya no cabemos en la ciudad”, insinuando que se deberían tomar medidas para frenar la inmigración, cuando en realidad las personas no son el problema, sino la forma en que se planea y ordena el territorio. Si se analizan los datos que ofrecen las estadísticas, se observa que la densidad de la población en el Distrito Federal no es tan dramática como se pretende. Se eleva a 5 896 hab/km2, por lo que se sitúa tres veces por debajo de la densidad de París, dos veces por debajo de la densidad de Nueva York y sólo un poco por encima de la de ciudades como Madrid y Montreal. La impresión de falta de espacio en la ciudad de México resulta del excesivo espacio que ocupa el coche en el medio urbano.

Como ejemplo, está el número de personas que circulan cada hora por un espacio de 3.5 metros de ancho: es de 2 000 si viajan en auto, de 14 000 si se transportan en bicicleta y de hasta 22 000 si viajan en transporte público.(2) El área requerida para estacionar un automóvil es diez veces mayor a la de una bicicleta y su aporte a la congestión viales veinte veces más elevado,(3)

Si bien el automóvil aporta aproximadamente 29% de los viajes en la ZMVM, la parte en infraestructura urbana destinada a este medio de transporte representa un porcentaje mucho mayor. Por si fuera poco, es cada vez más común ver cómo las banquetas y otros espacios para peatones son utilizados como estacionamientos temporales. La invasión y monopolización de los espacios públicos por el automóvil impide la circulación fluida y segura de las personas, particularmente de las más vulnerables, y dificulta su acceso a los servicios ofrecidos por la ciudad.


Costos sociales y ambientales del uso del automóvil

El automóvil causa graves perjuicios a la colectividad e impacta negativamente sobre la calidad de vida urbana y las condiciones de vida de las y los ciudadanos. No representa una opción viable para las ciudades ni es sustentable en términos energéticos. Tiene efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la contaminación atmosférica y sonora. Su masificación ha llevado a un incremento de las enfermedades respiratorias y, sobre todo, de la inseguridad vial, vulnerando el derecho a un medio ambiente seguro y saludable.

El congestionamiento vial cada vez más frecuente produce estrés en los automovilistas quienes, por desesperación e impaciencia, buscan ganar tiempo a través de diferentes estrategias que infringen, por lo general, el reglamento de tránsito: exceder el límite de velocidad, pasar los semáforos en rojo, ignorar la prioridad de paso y los derechos de las y los peatones.


En definitiva, la motorización de las ciudades ha incrementado significativamente la inseguridad de la ciudadanía. En México, los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años, por lo que se han convertido en un problema de salud pública. No obstante, en un momento donde la seguridad pública y ciudadana ocupa uno de los primeros lugares en la agenda política, las autoridades públicas parecen haber perdido el interés por la seguridad vial.

Fotografía: Mariana M. Sánchez Puente


Derecho a la movilidad y a un transporte eficiente y seguro

El transporte debe desarrollarse en función de intereses colectivos y promover la inclusión social de sus habitantes a través de un acceso equitativo a los diferentes espacios de la ciudad. El artículo XIII de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad(4) estipula que el transporte público y la movilidad urbana constituyen un derecho que es necesario garantizar a través del uso de vehículos no contaminantes y el establecimiento deáreas reservadas a los peatones, entre otros puntos.

En 2007, la declaración de Stuttgart(5) sobre movilidad sustentable reconoció esta última como un derecho universal e indispensable para acceder a otros derechos básicos como son la salud, el trabajo, la vivienda, la educación, etcétera.

Se resaltó la idea de una movilidad socialmente equitativa y respetuosa con el medio ambiente y se señaló la importancia de cambiar las prácticas sociales relativas al uso del automóvil. Considerando la movilidad como “el derecho al libre desplazamiento en condiciones óptimas de relación entre el medio ambiente, espacio público e infraestructura”,(6) el automóvil ha demostrado que no es una opción viable de transporte. Por el contrario, la bicicleta ofrece verdaderos beneficios tanto para la o el usuario como para la colectividad: favorece la convivencia urbana, conduce al respeto del patrimonio común, participa en la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, no produce ruido, reduce significativamente los embotellamientos y accidentes de tráfico, contribuye a la preservación de la energía, mejora los tiempos de viaje y las condiciones de accesibilidad, incrementa la salud, disminuye las desigualdades en materia de movilidad, permite el disfrute equitativo de la ciudad, evita las situaciones que favorecen el estrés, aumenta la calidad del medio ambiente urbano y, por si fuera poco, ofrece una alternativa a la creciente demanda de un modo de transporte individual a un bajo costo. Como bien lo dice el antropólogo francés Marc Augé, la bicicleta permite unir lo útil con lo agradable.(7)


Bicitekas, A. C.: promoviendo ciudades más humanas

Desde Bicitekas, A. C., buscamos incidir en las políticas públicas así como en la planificación y gestión territorial, a fin de producir un cambio sustancial en la movilidad urbana de la ciudad de México y en los modos de desplazamiento de sus habitantes. Nos esforzamos por modificar el rostro de la ciudad a través de la promoción de alternativas de movilidad más eficientes, viables y equitativas.

Para nosotros, la bicicleta no es un fin, sino una herramienta para construir una ciudad para todos(as) logrando el bienestar colectivo a partir de la garantía de los derechos de las personas. En este sentido, consideramos que tiene un gran potencial para responder a los retos que plantea la ciudad de México y que puede llegar a desempeñar un papel importante en la transformación del ámbito urbano y en el cambio de hábitos de las y los ciudadanos.

El GDF ha establecido como meta para 2012 lograr que 5% de los viajes se hagan en bicicleta. Desde nuestra perspectiva, para impulsar este medio de transporte y alcanzar esta meta, es necesario que las políticas públicas desarrollen una visión integral de la ciudad que incorpore aspectos de sustentabilidad, accesibilidad e inclusión social. El presupuesto y la administración de los recursos públicos deben ser congruentes con estas políticas públicas. Las acciones gubernamentales se caracterizan actualmente por una visión fragmentada de la ciudad y un conjunto de obras aisladas que se limitan a atender y satisfacer la demanda inmediata.


Fomentar el uso del transporte público desarrollando la red de transporte colectivo no es suficiente para transformar a la ciudad. También es indispensable incrementar la oferta de espacios de descanso y recreación; construir parques y jardines; implementar más espacios para los peatones; anchar las banquetas y reducir el espacio para los coches; en definitiva, poner en marcha medidas para que la ciudad se convierta en un lugar agradable y seguro y ofrezca a las y los ciudadanos una vida urbana de calidad. De otra forma, el derecho a la ciudad será ejercido únicamente por las y los automovilistas.

* Doctora en Cambio Social, con especialidad en Antropología Social por la Universidad de Lille, Francia; encargada de la Coordinación Académica del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México y activista de Bicitekas, A. C., organización que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte, la humanización de la vida urbana y el transporte sustentable.



Notas al pie de página:



1 INEGI, encuesta Origen-Destino 2007.

2 Botma H. y Papendrecht, Traffic Operation of Bicycle Traffic, tu-Delft, 1991.

3 Bicitekas H. e ITDP, Propuesta de red ciclista para la ciudad de México, México, 2007.

4 Varios, Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, Quito, Foro Social de las Américas, 2004.

5 Council of European Municipalities and Regions (ccre), Declaration of Stuttgart, Stuttgart, 2007.

6Ballén Duque, “Derecho a la movilidad, la experiencia de Bogotá” en Prolegómenos: Derechos y Valores, núm. 20, Bogotá, 2007, pp. 169-181.

7 Marc Augé, Elogio de la bicicleta, Barcelona, Gedisa, 2009.



11 de noviembre de 2009

LA VERSIÓN IMPRESA DE NUESTRO NÚMERO DE NOVIEMBRE

La revista DFENSOR del mes de noviembre, como ustedes ya saben, se titula Hacia ciudades más humanas. La intención fue abordar desde diversos enfoques cómo las y los capitalinos vivimos y ejercemos nuestro derecho a la ciudad. Una de las organizaciones civiles que participó entusiasta de este número fue Bicitekas, A. C., no sólo al enviar una colaboración escrita por Ruth Pérez, académica y activista, sino también por apoyar la labor de difusión y visibilización del tema en la web. Gracias a esta organización de la sociedad civil podemos invitarlos e invitarlas a leer el PDF de nuestra versión impresa de noviembre...

http://bicitekas.org/pdf/DFensor.pdf

La producción social del hábitat:¿opción marginal o estrategia transformadora?**

Por: Enrique Ortiz Flores*

Fotos: Joaquín J. Abdiel


Hace algunos años, tras la caída del muro de Berlín, en una reunión convocada por el Banco Mundial en Washington para dialogar sobre políticas sociales con representantes de organismos civiles de América Latina, se nos dieron a conocer sin ambages las nuevas reglas para jugar al desarrollo. Uno de los vicepresidentes del Banco, en su alocución inaugural, se dirigió a nosotros en forma terminante para hacernos saber –esto de acuerdo con la síntesis que fui construyendo al escuchar sus palabras– que había dos sopas: que una de ellas se había terminado y que la que quedaba se comería de acuerdo con su receta, o no habría sopa.

Mientras el solemne funcionario internacional llegaba a esta tajante conclusión yo iba cavilando también mi reclamo basado en la vasta experiencia social latinoamericana –representada en esa reunión por muchos compañeros de larga trayectoria– que nos permitía afirmar que tal conclusión era falsa, que los caminos de la gente son muy diversos y que es posible construir un mundo en el que quepamos todos a partir de esta riqueza.

Pensaba que la sopa que se nos ofrecía, además de insulsa y hastiante, por ser la única, seguramente nos haría daño, con lo que quedaríamos, sin duda, a merced de su medicinaúnica: los ajustes estructurales y de cinturón.

Todo esto me movía a reaccionar de inmediato, pero no alcancé a pedir la palabra. El señor vicepresidente del Banco había hablado, había dicho la verdad única e inmutable que regiría a partir de esos momentos nuestros debates y seguramente nuestras vidas; había terminado su discurso y se marchaba soberbio y satisfecho, sin escuchar a nadie.

Así, en forma autoritaria y con total desprecio de la gente, parece imponerse hoy el modelo triunfante, el de la acumulación infinita, del pensamiento único, de la competencia feroz, del libre mercado sin cortapisas, de la globalización financiera y productiva, de las ciudades negocio, del hábitat-mercancía. La del supuesto fin de la historia y la anunciada muerte de las ideologías. Sufrimos hoy nuevas formas de dominación más abstractas y lejanas a nuestro control, que expropian los activos y los saberes populares y que arrebatan o cancelan la capacidad productiva autónoma de grandes sectores sociales. La lógica misma del sistema triunfante lo conduce a crecer a costa de la depredación de la naturaleza y de la explotación, la desposesión y la exclusión de grandes mayorías. Para evitar su alzamiento y su protesta se desarticulan los colectivos y se individualizan los problemas y las soluciones. Se debilitan los Estados y se da el papel protagónico a las ciudades, que compiten entre sí para captar los favores de los inversionistas sin patria, subsidiándolos con los dineros del pueblo.

Se reduce la realidad para controlarla, se persigue con ayuda de los medios de comunicación la homogeneización de las culturas, las mentes, los productos e incluso de los seres vivos, desconociendo y aplastando los cada vez más reducidos espacios autónomos de producción cultural y de gestión social.



Se ignora, se persigue e incluso se extermina a los diferentes, a los que disienten, a las minorías. La mano invisible del mercado no funciona, como diría Thomas Friedman, sin un puño invisible. Hoy, proliferan las guerras focalizadas, la violencia y los actos represivos contra los opositores al modelo; el puño se hace cada día más visible y su utilización más cínica.

En el campo de las políticas sociales se pasa aceleradamente del Estado proveedor al facilitador que abandona viejas responsabilidades en favor del libre juego del mercado. Así, en el campo del hábitat, los conceptos de necesidad, demanda solvente y oferta mercantil de soluciones habitacionales sustituyen a los ya considerados obsoletos de provisión estatal de bienes y servicios, sin considerar siquiera los que pudieran ser planteamientos incluyentes de avanzada, basados en el derecho inalienable de todos a un lugar digno y seguro donde habitar y en principios fundamentales como la libre determinación y la acción corresponsable de las y los ciudadanos.

El Estado de la era globalizadora busca descentralizarse depositando sus antiguas responsabilidades en uno solo de los potenciales actores sociales: el sector privado. Se privilegia al capital financiero y a las grandes corporaciones y se cancela todo apoyo y reconocimiento a los productores sociales, esto cuando en la mayor parte de nuestros países, y como consecuencia de estos hechos, siguen siendo ellos los principales constructores de ciudad y de vivienda.

La satisfacción del derecho humano a la vivienda, cuya definición, reconocimiento y defensa ha conjuntado grandes esfuerzos de diversas instancias de Naciones Unidas y de un sinnúmero de organismos civiles y pobladores organizados de todo el mundo, se entiende hoy limitada a la producción y venta masiva de espacios habitables (aunque no lo sean tanto). La abundancia de viviendas vendibles estaría dentro de esta concepción, dando satisfacción a ese derecho, al igual que la abundancia de comestibles y medicinas en los anaqueles de los supermercados y las farmacias pretende dar por cumplidos, desde el lado de la oferta, los derechos a la alimentación y a la salud.

No importa que esa profusión de objetos habitables en venta sea inalcanzable para grandes sectores sociales y que en su concepción se ignoren formas de vida, gustos y sueños de la gente; no interesa que se dé la espalda a las ciudades en que se ubican, destruyendo todo concepto urbano de encuentro y convivencia, e imponiendo su monótono sembrado de viviendas y edificios repetidos hasta el aburrimiento.

No importa, en tanto haya quien pueda comprar los productos ofertados. Mientras haya negocio, crezcan las estadísticas abstractas y se fortalezcan los indicadores macroeconómicos todo irá bien para el modelo y quienes lo controlan.

Se diseñan políticas parciales y contradictorias que, por una parte, conciben la vivienda como factor macroeconómico estratégico, motor del desarrollo económico e importante activador del capital financiero, y por otra limitan su impacto social al mejoramiento de la calidad de vida y a la construcción del patrimonio privativo de la familia. Políticas que, por un lado, recetan libre mercado y fomento de la industria habitacional y de los promotores privados para producir y ofrecer en venta objetos habitables a sujetos de crédito cuidadosamente seleccionados y que, por otro, focalizan la intervención del Estado en los sectores excluidos del modelo mediante programas compensatorios que distribuyen, como ayuda social paternalista, migajas en un mar de excluidos sociales.

Se imponen políticas propietaristas e individualizantes que minimizan y tienden a cancelar el cooperativismo de vivienda y otras formas organizadas de producción, gestión y tenencia del hábitat popular.

Se trata de políticas centradas en intereses y factores económico-financieros que ignoran y pretenden cancelar el potencial macrosocial y microeconómico de otras conceptualizaciones que, como la producción social del hábitat, se centran en el ser humano, tanto en su dimensión personal como colectiva.

Se pierde con ellas la posibilidad de concebir la producción habitacional como generadora, no sólo de paredes y techos sino de ciudadanía consciente, productiva y responsable, y a la vez como proceso potenciador de la economía popular.

La producción social del hábitat, principalmente aquella que se apoya en procesos autogestionarios colectivos, por implicar capacitación, participación responsable, organización y la solidaridad activa de las y los pobladores, contribuye a fortalecer las prácticas comunitarias, el ejercicio directo de la democracia, la autoestima de los participantes y una convivencia social más vigorosa. Al acrecentar la capacidad de gestión de los pobladores organizados y su control sobre los procesos productivos del hábitat; al derramar los recursos provenientes del ahorro, el crédito y los subsidios en la comunidad en que se desarrollan las acciones; al fortalecer así los circuitos populares de mercado, [la producción social del hábitat] contribuye a potenciar la economía de sus participantes, de la comunidad barrial en que se ubican y de los sectores populares en su conjunto. Al poner al ser humano, individual y colectivo, al centro de sus estrategias, su método de trabajo y sus acciones, pone en marcha procesos innovadores de profundo contenido e impacto transformador.

Centrar las políticas de hábitat y los procesos de planeación, diseño y producción habitacional en la gente y no en el dinero contiene el potencial de hacer de la vivienda y de los barrios populares productos sociales que reconocen la diversidad y la riqueza creativa y de vida de las comunidades; de construir sobre las trazas históricas, formas de vida, aspiraciones y sueños de los grupos sociales implicados.

Al imponerse, contrariamente, políticas habitacionales que pretenden ignorar a las ciudades y a las y los ciudadanos se han generado fuertes contradicciones: producción masiva de viviendas-mercancía inaccesibles a grandes masas de población que se ven obligadas a autoproducir, sin apoyos, sus barrios y su vivienda; creciente segregación social y urbana, ciudadanos(as) sin ciudad y ciudades sin ciudadanos(as); desalojos masivos de población pobre a favor de macroinversiones justificadas en conceptos de utilidad pública, progreso y competitividad global de la ciudad, supuestamente en beneficio de sus habitantes; ciudad en suma dual, la de las y los excluidos y mal alojados que buscan integrarse y la de los amos de la ciudad encerrados en guetos bien servidos, controlados y cercados.

Estas contradicciones nos penetran y sin mayor sentido crítico aceptamos las formulaciones que expresan esta dualidad: ciudad formal e informal, vivienda normal y subnormal, enclave global y barrio marginal. ¿Dónde queda en todo esto el derecho de todos a la ciudad?¿Dónde el derecho humano, universal e intransferible, a un lugar y a una vivienda? ¿Cómo explicar la mutación de los derechos humanos en mercancías? ¿Cómo la subordinación de los derechos sociales a los derechos mercantiles de las grandes corporaciones? ¿Cómo la postergación de los derechos de las mayorías para satisfacer los intereses de unos cuantos?

Las contradicciones crecientes no pueden traer nada bueno para la convivencia humana. La destrucción del tejido social que estos hechos generan tiene graves consecuencias para el conjunto de la sociedad: violencia, inseguridad, ingobernabilidad, polarización social, privatización y con ella la supresión misma de los espacios públicos; rechazo a toda iniciativa que pretenda resolver problemas de otros en nuestros barrios, hasta el extremo de oponernos a toda obra colectiva.


Se niega con ello el sentido de la ciudad como espacio de socialización y convivencia, como teatro de la política y contexto de vida humana civilizada. O la ciudad es para todos o no lo será para nadie. Es éste un tema que unifica luchas, procesos, pensamientos y proyectos en el momento actual latinoamericano.

La lucha histórica de quienes participamos en este escrito colectivo se ha enfocado, y hoy más que nunca lo hace, en el apoyo de iniciativas tendientes a fortalecer la autonomía y la libre determinación de los sectores sociales que asumen consciente y responsablemente la construcción de ciudad y de ciudadanía a partir de esfuerzos concretos, muchas veces heroicos, por producir y gestionar su hábitat y por transformar las políticas y estructuras de poder que les impiden u obstaculizan el hacerlo.

Este esfuerzo a contracorriente, ¿representa al inicio del siglo xxi sólo una opción marginal, un instrumento de sobrevivencia destinado al fracaso?, ¿nostalgia socializante sin esperanza en tiempos de feroz individualismo?,¿lucha anacrónica por defender territorios y lugares de la gente cuando parece imponerse el no lugar, el espacio de los flujos que corren por las redes virtuales de la telemática, la sociedad concebida como sola comunicación? O por lo contrario, esta lucha obstinada por impulsar procesos transformadores desde los lugares y la gente ¿puede considerarse como parte de un proceso estratégico global que ensaye nuevos caminos en busca de otro mundo posible centrado en el respeto a la naturaleza, la vida y los seres humanos?

Frente al avasallamiento brutal que hoy nos impone el poder económico transnacionalizado y el de sus aliados locales, cada vez más subordinados, obedientes y ambiciosos, la lucha por defender y ampliar los espacios autónomos de producción, gestión y creación cultural, son para muchos un esfuerzo irrisorio, marginal y sin futuro.

De hecho son frecuentes los casos de intelectuales y de organizaciones sociales y civiles que han abandonado estos caminos para subirse al carro de la rentabilidad económica o política: ong reconvertidas en empresas privadas o que han dejado atrás su trabajo comunitario para hacerse gestoras de sus agendas políticas y para posicionar a sus dirigentes como funcionarios o como“interlocutores” del Estado a tiempo completo; organizaciones sociales, que se dicen revolucionarias, convertidas en gestoras de vivienda o en organizadoras de la demanda en apoyo de negocios inmobiliarios privados; intelectuales “orgánicos” hoy convertidos en expertos y consultores al servicio del mejor postor; movimientos sociales descabezados por la fuga de sus dirigentes para ocupar cargos en los partidos o en el sector público.

Siendo esto un hecho, no representa, ni con mucho, el único camino. Hoy se ensayan nuevas estrategias, se abren nuevos procesos y se multiplican, sobre todo entre las mujeres y los jóvenes, nuevos espacios en búsqueda. También avanzan, profundizan su experiencia y replantean sus estrategias y métodos viejas organizaciones que, pese a los obstáculos y limitaciones que les imponen las tendencias actuales, se mantienen abiertas y en búsqueda continua y consistente con su compromiso y su trabajo histórico.

Recientemente, y como respuesta a algunas de las recomendaciones de la Asamblea Mundial de Pobladores, llevada a cabo en México en octubre de 2000, realizamos un sondeo para identificar y documentar casos complejos de producción y gestión social del hábitat en América Latina. Con apoyo de las redes de la Coalición Internacional para el Hábitat-América Latina (HIC-AL) y la Secretaría Latinoamericana para la Vivienda Popular (Selvip) se integró una muestra de 45 casos de 13 países que representan un amplio abanico de experiencias enfocadas a hacer efectivos los derechos de las y los pobladores a la ciudad y la vivienda.

La mayor parte de ellas son experiencias de gran vitalidad en las que se ensayan y desarrollan caminos innovadores que muestran la capacidad de las organizaciones sociales de administrar y conducir procesos complejos que superan con mucho la visión sectorizada de los gobiernos, el reduccionismo homogeneizador impuesto por los mercados transnacionalizados y la especialización fragmentaria de los expertos.

Se trata de programas o proyectos que integran diversos componentes y procesos más allá de la construcción de viviendas y de las actividades de capacitación y fortalecimiento organizativo que caracterizan a la producción social del hábitat. Los casos registrados incluyen varios de los siguientes componentes y procesos: actividades generadoras de ingreso u orientadas al fortalecimiento de la economía popular; uso de ecotécnicas, educación ambiental y gestión de proyectos ecológicos; acciones encaminadas a mejorar la salud, el consumo o la seguridad; atención de grupos especiales (niños, jóvenes, personas adultas mayores); promoción de la equidad de género a lo interno del propio colectivo; fomento de la cultura y el deporte; participación activa en la negociación de políticas públicas, el fortalecimiento de las luchas democráticas o el desarrollo del poder local.

Constituyen experiencias que, desde el nivel micro, construyen soberanía popular y nueva cultura centradas en las prácticas colectivas y en estrategias basadas en la capacitación, el manejo de información, la participación en las decisiones, la socialización de responsabilidades y la autogestión de los propios saberes, activos y recursos. Independientemente de quien las haya originado, las experiencias más avanzadas se centran en la comunidad e implican el trabajo articulado e interdisciplinario de técnicos y profesionales que apoyan sus procesos productivos y autogestionarios.

Estas experiencias, que constituyen sólo una muestra del trabajo que desarrollan, entre muchas otras, las organizaciones desde las que actúan los autores, se suman a las que se realizan en muchos otros campos. Gracias a los medios electrónicos se aceleran los contactos y las solidaridades entre ellas y se convocan encuentros y acciones conjuntas que van tejiendo y articulando procesos a diferentes escalas –local, nacional, regional, global– en forma simultánea y progresiva, sin seguir patrones preestablecidos ni modelos mecánicos.

Surgen nuevas formas de organización y acción que concitan voluntades y construyen sinergias en la defensa global de los derechos humanos, la naturaleza y el hábitat humano; la diversidad cultural y biológica; de las personas indígenas, los(as) trabajadores(as), los(as) desplazados(as), los(as) refugiados(as), los(as) migrantes, las víctimas de las guerras y catástrofes; de los que sufren hambre, enfermedades o carecen de techo.

Se intercambian experiencias, testimonios y reflexiones sobre procesos innovadores en campos tan diversos como la agricultura orgánica, el comercio justo, el trueque tecnificado, la medicina alternativa, la educación transformadora, el hábitat popular autogestionario. Se articulan acciones contra la globalización excluyente de los poderosos, el narcotráfico, el armamentismo, los impactos sociales y ambientales de los macroproyectos.

Se gesta en diversos frentes, lugares y escalas el otro mundo posible que anima los sueños, encuentros y debates que integran el Foro Social Mundial y otros espacios que imaginan y construyen, paso a paso, la otra globalización, la que concibe al mundo como el espacio y patrimonio de todos. Ese otro mundo posible no surgirá ciertamente de las instituciones, demasiado encerradas en su vieja racionalidad reduccionista, separadora y fragmentaria, y entrampadas en sus rutinas e impedimentos burocráticos. Ese otro mundo, por lo contrario, palpita ya vitalmente en incontables, tal vez en millones, de pequeñas experiencias conducidas por comunidades, grupos solidarios y redes sociales que, a todo lo ancho del planeta, se resisten al avasallamiento de su autonomía y luchan por su dignidad y sobrevivencia interactuando colectivamente y aprendiendo a gestionar procesos y proyectos cada vez más complejos e integrales.

Frente a los hombres grises, acumuladores de tiempo, de poder y de dinero, se van gestando nuevas formas de convivencia que nos acercan a la práctica de edificar y de habitar –de acuerdo al decir zapatista– un mundo en el que quepan todos los mundos.

Pero casi 40 años de trabajo realizado en los márgenes del sistema nos impiden ser ingenuos. Sabemos que nuestras mejores experiencias, muchas de ellas reconocidas y premiadas como “mejores prácticas”, no son sino flores singulares crecidas entre piedras.

Que si bien lo alcanzado y lo que hoy se sigue sembrando en múltiples frentes nos alienta a seguir adelante y nos inspira para inventar y abrir nuevos caminos, lo hacemos de cara al enorme poderío económico y político concentrado en las grandes corporaciones que lo quieren todo y que cuentan para lograrlo con el apoyo de sus operadores en los gobiernos, los organismos internacionales, los medios de comunicación masiva y las fuerzas armadas.

¿Cómo ubicar nuestro quehacer actual ante tales hechos?¿Qué tanto debemos dedicar nuestras débiles fuerzas a enfrentar en sus terrenos al monstruo, que en su largo agonizar arrasa con todo lo que se le oponga? ¿Qué tanto a esparcir semillas de lo nuevo en los campos más fértiles y modestos de la gente que lucha por su dignidad y su sobrevivencia? ¿No es acaso la multiplicación, intensificación y articulación de estas experiencias y procesos gestados a contracorriente la tarea a realizar en el umbral de una nueva era civilizatoria?

La respuesta a estas cuestiones no la encontraremos en nuevos modelos o en utopías cerradas que den certeza a nuestros pasos. La única certidumbre con la que contamos es la de saber que ésta, la certidumbre, no existe. Que tanto la ciencia como la historia contemporáneas nos muestran que el universo y nuestro mundo constituyen un sistema dinámico, indeterminado, imprevisible, profunda y crecientemente complejo y que todo lo que pasa en la escala más pequeña de la materia y del acontecer social incide de alguna forma en lo que sucede a escala planetaria y en los confines del universo.

Son precisamente estas constataciones las que afirman nuestra esperanza y nos motivan a seguir adelante, aunque tengamos que hacerlo desde los resquicios que nos abren las grandes contradicciones de nuestro tiempo y desde la realidad caótica, aleatoria e impredecible en la que se gestan hoy los procesos sociales que habrán de transformarla.

* Coordinador de la oficina regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat
(HIC-AL).
** Artículo incluido en Enrique Ortiz Flores y Ma. Lorena Zárate (comps.), Vivitos y coleando. 40 años trabajando por el hábitat popular en América Latina, México, Universidad Autónoma Metropolitana/HIC-AL, 2002. Véase , página consultada el 12 de octubre de 2009.

10 de noviembre de 2009

El derecho a construir la ciudad que soñamos

Por: María Lorena Zárate*

Fotos: Camilo Pineda Estrada


Una imagen vale más que mil palabras. Dos imágenes pueden sintetizar con incuestionable crudeza la realidad urbana de América Latina. Mundos duales, desiguales hasta el extremo, en la región más desigual del mundo: opulencia, residencias y equipamientos de lujo, amplias avenidas arboladas y cuidadasáreas verdes, infraestructura y servicios en abundancia. Una vida perfecta que se contrapone con la que viven las mayorías: falta de empleo, salarios de miseria, viviendas precarias, asentamientos sin servicios ni infraestructura ni equipamientos. Una vida sin derechos. Una vida de no ciudadanas(os).

El territorio es a la vez reflejo y alimento de esa desigualdad. La exclusión económica, política, social y cultural es también, por supuesto, segregación espacial. Como si no lo supieran, gran parte de los gobiernos ha ido abandonando su responsabilidad en la planeación urbana, favoreciendo las apropiaciones privadas de bienes y espacios públicos y la especulación inmobiliaria sin restricciones. Mientras tanto, se desconocen y hasta criminalizan los esfuerzos individuales y colectivos por disponer de un techo y un hábitat donde vivir. La ciudad-negocio vale más que la ciudad-derecho.




Frente a esta realidad, desde hace más de veinte años un conjunto de movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e internacionales de la sociedad civil venimos manifestando nuestro compromiso por crear nuevos paradigmas y prácticas sociales de producción y disfrute de los asentamientos humanos. Así, en la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), el Forum Nacional de Reforma Urbana (fnru-Brasil), el Frente Continental de Organizaciones Comunales (FCOC) y la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC) redactamos y suscribimos conjuntamente un Tratado sobre urbanización por ciudades, villas y poblados justos, democráticos y sustentables, basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social.

Unos años después, en el marco de la Primera Asamblea Mundial de Pobladores Repensando la Ciudad desde la Gente (ciudad de México, 2000), más de 300 representantes de organizaciones y movimientos sociales de 35 países de cuatro continentes debatieron la construcción de un ideal colectivo como base para la realización de ciudades democráticas, incluyentes, educadoras, habitables, sustentables, productivas y seguras.

Sin duda ese proceso cobra nueva fuerza y amplía sus dimensiones y contenidos cuando se inscribe desde 2001 en las actividades anuales del Foro Social Mundial y el Foro Social de las Américas. Miles de personas y decenas de instituciones de la sociedad civil de 16 países de América Latina han participado desde entonces de los debates, elaboración, firma y difusión de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, promovida además por redes como el Centro por el Derecho a la Vivienda y Contra los Desalojos (COHRE) y la Secretaría Latinoamericana para la Vivienda Popular (Selvip), y suscrita incluso por instancias de la onu como la UNESCO y el Programa Hábitat.

Paralelamente, se han venido generando instrumentos jurídicos de parte de algunos gobiernos a nivel local, nacional y regional que buscan normar los derechos humanos en el contexto urbano. Entre los más avanzados por sus planteamientos y propuestas destacan la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (2000), firmada hasta ahora por más de 400 ciudades; el Estatuto de la Ciudad de Brasil, decretado en julio de 2001 y la Carta de Derechos y Responsabilidades de Montreal (2006).

Por su parte, los Ministros y Máximas Autoridades de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe cuentan desde 2007 con una instrucción precisa de los jefes de Estado y de gobierno para que “promuevan la consagración del derecho a la ciudad mediante la generación de políticas públicas que aseguren el acceso al suelo, a viviendas adecuadas, infraestructura y equipamiento social y los mecanismos y las fuentes de financiamiento suficientes y sustentables” (Declaración de Santiago, punto 29 del Plan de Acción).

En pocas palabras, el derecho a la ciudad, entendido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social, hace tiempo que es mucho más que un eslogan. No es difícil encontrarlo en pancartas, denuncias y propuestas por la reforma urbana (instrumentos legales, administrativos, económicos, financieros y otros) así como en eventos, investigaciones, publicaciones y cátedras. El proceso de sensibilización, formación, reflexión y movilización tiene ya vida propia.

La ciudad que queremos, y que en muchos lugares estamos ayudando a construir, es también una imagen. Ciertamente inspirada en el debate internacional y en los documentos locales ya desarrollados y en implementación, la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad tiene características que la hacen única a nivel mundial, tanto en el proceso de su elaboración y promoción como en sus contenidos y propuestas.

Es una iniciativa surgida desde diversas organizaciones sociales y negociada desde 2007 con el Gobierno del Distrito Federal. Un año más tarde se conformó un Grupo Promotor inicialmente integrado por representantes de organizaciones del Movimiento Urbano Popular, la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana del gdf, la Coalición Internacional para el Hábitat-América Latina y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, incorporándose también el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Procuraduría Social del Distrito Federal.

Desde entonces se ha organizado una serie de eventos públicos de promoción e intercambio (también en otras ciudades del país), incluyendo una Carpa sobre Derecho a la Ciudad y al Hábitat en el marco del Foro Social Mundial-México llevado a cabo en el Zócalo de esta capital, y se han producido diversos materiales sustantivos de debate y difusión.

Fruto de este amplio proceso se cuenta ahora con un Proyecto de Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad que desde inicios de septiembre se ha puesto a consideración del jefe de Gobierno y de todas las personas interesadas. Durante los próximos dos meses se esperan contribuciones para enriquecer y precisar sus contenidos, proceder a su firma y por supuesto a la definición y puesta en marcha de la estrategia para su implementación en el corto, mediano y largo plazo.

Según explicita en su Preámbulo, la formulación de esta Carta tiene como objetivos centrales contribuir a la construcción de una ciudad incluyente, habitable, justa, democrática, sustentable y disfrutable; contribuir a impulsar procesos de organización social, fortalecimiento del tejido social y construcción de ciudadanía activa y responsable; contribuir a la construcción de una economía urbana equitativa, incluyente y solidaria que garantice la inserción productiva y el fortalecimiento económico de los sectores populares.

Su contenido –propuestas de políticas públicas para avanzar en la implementación del derecho a la ciudad– se estructura en torno a seis fundamentos estratégicos:


Ejercicio pleno de los derechos humanos en la ciudad

Una ciudad en la que todas las personas (niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores, mujeres y hombres) disfrutan y realizan todos los derechos humanos y libertades fundamentales, mediante la cimentación de condiciones de bienestar colectivo con dignidad, equidad y justicia social.

Función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad

Una ciudad donde sus habitantes participan para que la distribución del territorio y las reglas para su uso garanticen el usufructo equitativo de los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad ofrece. Una ciudad en la que se priorice el interés público definido colectivamente, garantizando un uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado del territorio.

Gestión democrática de la ciudad

Una ciudad donde sus habitantes participan de todos los espacios de decisión hasta el más alto nivel de la formulación e implementación de las políticas públicas, así como en la planeación, presupuesto público y el control de los procesos urbanos.

Producción democrática de la ciudad y en la ciudad

Una ciudad donde se rescata y fortalece la capacidad productiva de sus habitantes, en especial de los sectores populares, fomentando y apoyando la producción social del hábitat y el desarrollo de las actividades económicas solidarias.

Manejo sustentable y responsable de los recursos naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno

Una ciudad donde sus habitantes y autoridades garantizan una relación responsable con el medio ambiente de modo que posibilite una vida digna para individuos, comunidades o pueblos, en igualdad de condiciones y sin afectar áreas naturales, de reserva ecológica, otras ciudades ni a las futuras generaciones.

Disfrute democrático y equitativo de la ciudad

Una ciudad que fortalece la convivencia social, el rescate, la ampliación y mejoramiento del espacio público y su utilización para el encuentro, el ocio, la creatividad y la manifestación crítica de las ideas y posiciones políticas.

A diferencia de otros instrumentos vigentes, la Carta por el Derecho a la Ciudad concibe este derecho en un sentido amplio, que no se limita a reivindicar los derechos humanos individuales con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, sino que integra derechos y responsabilidades que los implican en la gestión, producción y desarrollo responsable de la ciudad. Dentro de esta perspectiva, no se trata solamente de la construcción de condiciones para que todos y todas accedan a los bienes, servicios y oportunidades existentes en la ciudad, sin discriminación, sino de perfilar la ciudad que deseamos y queremos construir para las futuras generaciones. 1

Esta utopía que camina es consciente de que su realización y su sentido dependerán de la apropiación y protagonismo activo de sus habitantes. Sigamos sumando nuestros granitos de arena.



* Coordinadora de la Coalición Internacional para el Hábitat-Oficina Regional para América Latina (HIC-AL).

** El presente texto ha sido publicado en la revista DFENSOR del mes de noviembre y es un extracto del artículo del mismo título publicado en Ciudad y Ciudadanos, boletín electrónico, Grupo Hábitat de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (alop), septiembre de 2009. Véase , página consultada el 12 de octubre de 2009.



Nota al pie de página:
1 Más información y materiales vinculados a estos procesos disponibles en y . Páginas consultadas el 29 de octubre de 2009

9 de noviembre de 2009

Por el derecho a construir ciudades más humanas

Al iniciar el siglo XXI la mitad de la población mundial vivía en ciudades. La cifra crece como una bola de nieve pero, ¿qué clase de ciudades hemos construido hasta hoy? Las urbes modernas son, potencialmente, territorios con gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política, social y cultural. Sin embargo, los modelos de desarrollo implementados en la mayoría de los países se caracterizan por establecer patrones que generan pobreza y exclusión, contribuyen a la depredación del ambiente y aceleran los procesos migratorios y de urbanización, la segregación social y espacial y la privatización de los bienes comunes y del espacio público. Contribuyen a ello las políticas públicas de desarrollo de infraestructura que, lejos de fomentar la reconstrucción del tejido social, violentan la vida urbana.



Este contexto ha favorecido el surgimiento de movimientos sociales que exigen el reconocimiento, en el sistema internacional de los derechos humanos, del derecho a la ciudad, definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. Este derecho es la expresión fundamental de los intereses colectivos, sociales y económicos, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, respetando las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano-rural.

Asimismo, este derecho presupone la interdependencia entre población, recursos, medio ambiente, relaciones económicas y calidad de vida para las presentes y futuras generaciones. Implica cambios estructurales profundos en los patrones de producción y consumo y en las formas de apropiación del territorio y de los recursos naturales. Se refiere a la búsqueda de soluciones contra los efectos negativos de la globalización, la privatización, la escasez de los recursos naturales, el aumento de la pobreza mundial, la fragilidad ambiental y sus consecuencias para la supervivencia de la humanidad y del planeta.


Las ciudades son el espacio para la vida en común de sus habitantes. No encuentran su alma en su creciente tráfico vehicular, en sus deslumbrantes distribuidores viales o en sus altos edificios modernos. El alma de las ciudades sólo puede hallarse en los espíritus de sus millones de habitantes, en las risas de las niñas y los niños que juegan en sus parques, en la convivencia de quienes andan sus calles, pedalean en sus avenidas, viven en sus barrios.

Las grandes urbes, como el Distrito Federal, parecen haber perdido su principal esencia: su identidad como espacio para la vida humana. Por ello es que se requiere repensar ¿qué tipo de ciudades queremos construir al iniciar la segunda década del siglo XXI?

¿El mundo soportará más crecimiento urbano desmedido y deshumanizado?, ¿seguiremos apostando a la pérdida del espacio público en la ciudad de México en aras de un desarrollo ficticio?, ¿continuaremos ignorando los derechos de las personas que caminan, pedalean o se trasladan en transporte público para imponer los deseos de una minoría motorizada?, ¿de verdad la única forma de desarrollo urbano es la aniquilación del sentido humano del hábitat? Nosotros, y afortunadamente muchas personas más, creemos que no. Construir ciudades más humanas no es una utopía.