10 de agosto de 2011

Revista dfensor 08-11: Militarización de la seguridad pública ..................................................................... Versión en PDF disponible aquí

Editorial

Militarización de la seguridad pública, fractura de los derechos humanos.

Ilustración: Ángeles García/CDHDF.
Desde la perspectiva de los derechos humanos la seguridad humana se consolida a partir de la satisfacción y protección que el Estado hace del conjunto de libertades y derechos fundamentales de cada uno de sus integrantes, lo cual en una democracia requiere de la corresponsabilidad de los distintos niveles de gobierno y de la misma sociedad.

Partiendo de este enfoque, resulta problemático que en México la estrategia de seguridad pública esté delegando principalmente a las fuerzas armadas el combate a la delincuencia, por encima de la democratización de las policías civiles y del reforzamiento de políticas públicas eficaces y de participación ciudadana a favor de la prevención de la violencia y el delito.

Como consecuencia, el país vive una escalada de violencia atizada no sólo por la lucha territorial entre grupos de la delincuencia común y organizada, sino también por los enfrentamientos entre éstos y las fuerzas armadas, las cuales, al desempeñar funciones extraordinarias de seguridad pública por tiempo indefinido y sin controles de legalidad que transparenten y limiten sus actuaciones, vulneran gravemente los derechos humanos tanto de la población civil como de quienes integran los propios cuerpos de seguridad.

Frente a esta situación, sumada a décadas de corrupción e ineficacia institucionales en materia de procuración e impartición de justicia, el saldo de la “guerra” contra la delincuencia emprendida desde 2006 por la actual administración federal no podía ser menos alarmante: casi 60 mil personas muertas y un sinnúmero de casos impunes de desapariciones forzadas, de detenciones arbitrarias, de tortura, de secuestro, de extorsión… Por acción directa u omisión, el Estado mexicano resulta ser el principal responsable de esta tragedia que enluta a miles de niños y niñas, hombres, mujeres y personas adultas mayores.

Ante tal realidad, es urgente reconocer que México enfrenta un complejo problema de seguridad que ciertamente no se resolverá con el uso de la mayor fuerza del Estado ni mucho menos con la suspensión del ejercicio de ciertos derechos humanos mediante la figura de estado de excepción para enfrentar la criminalidad, tal como ha sido planteado en una cuestionada iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional (LSN), la cual para bien del proceso democrático del país es y debería seguir siendo analizada públicamente en el Congreso de la Unión.

Desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lanzamos el llamado a las y los actores políticos y a la sociedad en su conjunto para avanzar en la construcción de un sistema de seguridad ciudadana que rebase la esfera exclusiva de la participación policial. Apostar al involucramiento activo de las y los ciudadanos y someter a controles de transparencia y rendición de cuentas a las instituciones de seguridad pública es una garantía del ejercicio pleno de nuestros derechos fundamentales a la vida, a la integridad, a la justicia y a la libertad personal, entre otros, que están constitucionalmente reconocidos en la legislación interna y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. México lo requiere y no hay más tiempo que perder.


Sección Opinión y debate


Las Fuerzas Armadas en las calles

ERNESTO LÓPEZ PORTILLO VARGAS (Insyde)


Ilustración: Maru Lucero y Edgar Sáenz Lara/CDHDF.
En este espacio no discutiré si las Fuerzas Armadas deben o no realizar funciones de seguridad pública. Bajo el supuesto de que seguirán haciéndolo, recomendaré una acción de gran calado que considero indispensable ante tal escenario. Parto de que la interpretación más popular percibe que la militarización de la seguridad pública es lo más adecuado, desde un razonamiento muy simple: ante la extrema violencia de la delincuencia, lo correcto es emplear la mayor capacidad de fuerza del Estado. Este fenómeno es altamente complejo, delicado y muy peligroso para el país.

Todo el diseño del Estado democrático moderno descansa en una premisa: el poder público funda su legitimidad en un diseño constitucional que pone los derechos fundamentales de las personas en la más alta jerarquía de valores y reglas. La autoridad del Estado gira en torno a esta esfera de derechos. Desde aquí fluye el diseño normativo del Estado en general, y del uso de la fuerza en particular.


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Los derechos humanos, objetivo fundamental para la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional

RICARDO J. SEPÚLVEDA I. (CJDH)

Fuente: radiobemba.org
El 5 de abril de 2004 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para establecer la facultad del Congreso federal de legislar en materia de seguridad nacional. Esta decisión del constituyente se tomó a partir de las modificaciones que el propio Congreso realizó al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la que se había otorgado a la Secretaría de Gobernación (Segob) “la facultad de establecer y hacer operar un sistema de información e investigación que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano” (de acuerdo con la fracción XXIX) y “contribuir en lo que corresponda al Ejecutivo de la Unión a dar sustento a la unidad nacional, preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones de gobierno” (según la fracción XXX), adición que se hizo para dar un marco de legalidad a las actuaciones que se hacían, desde esa Secretaría, a través de dependencias como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Durante décadas las autoridades del país habían desplegado la actividad relacionada con la seguridad nacional en un marco de discrecionalidad absoluta. Los cambios propuestos deben entenderse como parte del esfuerzo del proceso de transición democrática, por hacer imperar el principio de legalidad.

Con esa base constitucional, el 31 de enero de 2005 se publicó la Ley de Seguridad Nacional, que tuvo por objeto fundamental definir los alcances del concepto mismo y, particularmente, establecer las reglas de coordinación interna para que se pudiera generar una verdadera política de Estado en la materia. Hay que apuntar, por tanto, que en ningún momento en esta ley se buscó otorgar facultades extraordinarias a las autoridades para enfrentar una amenaza de riesgo a la seguridad nacional sino todo lo contrario: precisar y acotar su actuación.


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Ley de Seguridad Nacional: un paso en retroceso

MARIECLAIRE ACOSTA (CIDE)


Ilustración: Edgar Sáenz Lara/CDHDF.

Durante la última década, México ha experimentado avances institucionales y políticos nada despreciables en materia de derechos humanos, justicia y democracia. Ejemplo de ello son los distintos mecanismos creados para la protección de los derechos humanos a lo largo del país, así como las instituciones de transparencia y rendición de cuentas que han permitido un mayor escrutinio del ejercicio del poder por parte de la ciudadanía. La recién aprobada reforma constitucional en material de derechos humanos, así como la reforma en materia de amparo, son los últimos avances al respecto que permitirán la armonización de nuestro ordenamiento con los estándares internacionales.

Sin embargo, nada de ello ha sido suficiente para abatir los altos niveles de inseguridad ni para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, tanto de la delincuencia común como de violaciones a los derechos humanos. La democracia en México se encuentra lejos de estar consolidada, y si no lo hacemos pronto, corremos el riesgo de perder lo poco que se ha ganado con tan arduo esfuerzo y, peor aún, de exponer al país a una permanente condición de inestabilidad y atraso.


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La militarización de la seguridad pública y su impacto en los derechos humanos de la población en situación de vulnerabilidad

ANA LUISA NERIO MONROY (Centro Fray Francisco de Vitoria)

Fuente: alejandro-ellugardetodos.blogspot.com

Introducción

En México la militarización de la seguridad, debida en gran medida a una mayor presencia de grupos del crimen organizado (entre los que destaca el narcotráfico), ha generado un contexto complejo y adverso para ejercer, defender y exigir los derechos humanos, afectando a toda la población y en especial a los grupos de población en situación de vulnerabilidad.

Militarización de la seguridad y violaciones a los derechos humanos

A finales de 2006 el gobierno federal diseñó una estrategia de combate a la delincuencia basada en la militarización de la seguridad pública, sin atender a las causas sociales que de fondo han dado origen al aumento de la criminalidad y de la delincuencia. Tal decisión ha sido muy cuestionada por distintos sectores de la sociedad, particularmente por las organizaciones civiles de defensa y promoción de los derechos humanos, debido a que lejos de disminuir la espiral de violencia, ésta se ha incrementado de forma alarmante. Aunque en los últimos cuatro años 50 mil soldados han sido desplegados como parte de las fuerzas antidrogas, al primer trimestre de 2011 se han contabilizado cerca de 40 mil asesinatos de personas a causa de la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado.

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Nuevo pacto o fractura nacional

JAVIER SICILIA


Fotografía: Ernesto Gómez/CDHDF.

Hemos llegado a pie, como lo hicieron los antiguos mexicanos, hasta este sitio en donde ellos por vez primera contemplaron el lago, el águila, la serpiente, el nopal y la piedra, ese emblema que fundó a la nación y que ha acompañado a los pueblos de México a lo largo de los siglos. Hemos llegado hasta esta esquina donde alguna vez habitó Tenochtitlan, a esta esquina donde el Estado y la Iglesia se asientan sobre los basamentos de un pasado rico en enseñanzas y donde los caminos se encuentran y se bifurcan. Hemos llegado aquí para volver a hacer visibles las raíces de nuestra nación, para que su desnudez, que acompaña la desnudez de la palabra, que es el silencio, y la dolorosa desnudez de nuestros muertos, nos ayuden a alumbrar el camino. Si hemos caminado y hemos llegado así, en silencio, es porque nuestro dolor es tan grande y tan profundo, y el horror del que proviene tan inmenso, que ya no tienen palabras con qué decirse. Es también porque a través de ese silencio nos decimos, y les decimos a las autoridades, a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad de este país, que no queremos un muerto más a causa de esta confusión creciente que sólo busca asfixiarnos, como asfixiaron el aliento y la vida de mi hijo Juan Francisco, de Luis Antonio, de Julio César, de Gabo, de María del Socorro, del comandante Jaime y de tantos miles de hombres, mujeres, niños y ancianos asesinados con un desprecio y una vileza que pertenecen a mundos que no son ni serán nunca los nuestros. Estamos aquí para decirnos y decirles que este dolor del alma en los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia, sino en una palanca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la balbuciente democracia que estamos perdiendo; para decirnos y decirles que aún creemos que es posible que la nación vuelva a renacer y a salir de sus ruinas, para mostrarles a los señores de la muerte que estamos de pie y que no cejaremos de defender la vida de todos los hijos y las hijas de este país; que aún creemos que es posible rescatar y reconstruir el tejido social de nuestros pueblos, barrios y ciudades.

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Más allá del 8 de mayo: ejercer ciudadanía, hacer paz

Karime Suri Salvatierra (INSIDE Social)

Fuente:
alejandro-ellugardetodos.blogspot.com
El 8 de mayo de 2011 una parte importante de la sociedad hizo eco de la convocatoria de Javier Sicilia quien, hasta antes de la muerte de su hijo Juan Francisco, dedicaba su quehacer profesional a la poesía; tal vez por eso el “estamos hasta la madre” logró conmover y articular a personas tan diversas. Más allá de factores socioeconómicos y generacionales, la diversidad se advertía en ese bricolaje que culminó su andar desde Cuernavaca y mostró su voz esa tarde en el zócalo del Distrito Federal.

Esa fecha será para muchos el inicio de un movimiento que visibilizó a numerosas víctimas que llegaron a esa condición como resultado de la impunidad, la corrupción, el abuso de poder y de una supuesta lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, presentada está última como “la estrategia” en materia de seguridad del gobierno federal.

Quizá es pertinente recuperar una serie de reflexiones formuladas como parte de un foro que tuvo como objetivo mostrar que no hay violencia si no violencias, en plural, y que éstas son resultado de una serie de factores económicos, políticos, sociales y culturales. Ahí, Clara Jusidman expone que en México se ha “tratado de curar la violencia mediante medidas de contención y el uso de la fuerza del Estado”, siendo así que “esta forma de enfrentar la violencia está violentando aún más la precariedad de la convivencia y conlleva la violación de los derechos humanos de amplios grupos de la población a los que con facilidad se les atribuye una culpabilidad no sustentada, tan sólo por tener ciertas características […]”.

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Sección Acciones



Celebra CDHDF resoluciones de la SCJN; amplían la protección de los derechos humanos en México

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Solicita CDHDF medidas cautelares a la CIDH a favor de personas migrantes y sus familias

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Sección referencias


La situación de la violencia en México

Edgar A. Gómez Jaimes (CDHDF)

Ilustración:Edgar Sáenz Lara/CDHDF.

Antes de describir la situación que atraviesa México hoy en día, es necesario establecer alguna premisa sobre los modelos de seguridad y sus distintas dimensiones, es decir, plantear un concepto de seguridad amplio que implique una definición no sólo jurídica sino también filosófica y política, cuyas características estarán ligadas al tipo de Estado del que se trate.

Así, en uno democrático de derecho el enfoque para construir el concepto tenderá a establecer un equilibrio entre la preservación de la seguridad sin menoscabar los derechos humanos, es decir, un modelo de seguridad ciudadana en donde las personas se encuentren no sólo en el centro de las políticas públicas en la materia sino también en el proceso legislativo.

Ahora bien, en los últimos años el concepto de seguridad evolucionó en México, sobre todo en su dimensión de seguridad pública. Primero, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y antes de su reforma de 2008, al establecerla como una función del Estado para preservar el orden y la paz públicos, hasta llegar al concepto vigente expresado en su artículo 21 como “una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias”.

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Contra la legalización de la ilegalidad: un repaso a la Ley de Seguridad Nacional

SILVANO CANTÚ (CMDPDH)

Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete/CDHDF.
México arrastra una lacerante pobreza, desempleo, un sistema de justicia inoperante, desigualdad en el ingreso, impunidad y corrupción, a lo que se suma la ola de violencia que desde 2007 se ha incrementado alarmantemente. Con ese trasfondo llama la atención que las políticas públicas en materia de seguridad carezcan de una atención amplia e integral para atacar las causas de fondo que alimentan la violencia y la criminalidad, en lugar de ello se privilegia el uso de la fuerza. Se ha hecho lo contrario, la estrategia ha agravado los problemas que busca atacar. Ciudad Juárez, hoy la ciudad más violenta del mundo, es un caso elocuente: mientras en 2006 tenía una tasa de homicidios dolosos de 18 por cada 100 mil habitantes, pasó a 93 en 2009.

En esta línea de estratagemas fallidas se inscribe la Ley de Seguridad Nacional que hoy se discute en la Cámara de Diputados, y que persigue: 1) la hiperinflación de los supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos que por mandato constitucional corresponden exclusivamente a las autoridades locales, fundamentalmente a las policías y las instituciones de procuración e impartición de justicia, y 2) la dotación de poderes de excepción tanto a las Fuerzas Armadas como a las agencias de inteligencia civil y militar.


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México heroico: son mexicanos, son valientes

“¿No tiene usted miedo, alcalde?” “Todos tenemos miedo, compadre”.
Cada vez hay más mexicanos que se plantan ante el narco
 y se enfrentan al terror a pecho descubierto.
Aquí están sus historias.


PABLO ORDAZ (El País)

Fuente: OMAR TORRES/AFP
No tuvieron que irse a la guerra, la guerra vino a buscarlos. Desde 2007 hasta ahora, más de 40 mil mexicanos han muerto víctimas de la guerra que sostienen calle a calle las organizaciones criminales y el gobierno de Felipe Calderón. Día tras día los periódicos cuentan historias espeluznantes de matanzas, decapitaciones, [de] policías y políticos corrompidos por el narcotráfico. A ritmo de ametralladora, las editoriales publican libros sobre los principales carteles y hasta la revista Forbes sigue manteniendo en su nómina de multimillonarios al mítico Chapo Guzmán, el fugitivo líder del cartel de Sinaloa. El mal, por tanto, tiene su cuota de gloria en la vida cotidiana de México. El resto del paisaje lo conforman unas autoridades sin prestigio ni credibilidad y una sociedad asustada y desvertebrada, como ausente, sin capacidad de alzar la voz sobre el tableteo constante de las armas de alto poder.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte van saliendo a la luz historias de gente corriente que, lejos de claudicar o brincar la frontera hacia Estados Unidos, decidió anteponer la dignidad al miedo y enfrentarse al terror, muchas veces con la única protección de su pecho descubierto. Un cirujano de Ciudad Juárez que fue percatándose de que los sicarios a los que trataba de salvar la vida cada vez se parecían menos a él –un hombre de 40 años– y más a su hija adolescente. Una alcaldesa de la tierra caliente de Michoacán, una de las zonas más peligrosas de México, que un día –después de que unos criminales mataran a su marido– se levantó la blusa y mostró su cuerpo roto a tiros y su decisión de no claudicar. Un edil de Nuevo León al que los criminales ya han emboscado tres veces, llevándose por delante a varios de sus escoltas. Un poeta que perdió a su hijo y ahora recorre el país intentando a duras penas resucitar la conciencia cívica, el orgullo de ser mexicano. Son los nuevos héroes. El México heroico que lucha contra el México salvaje.

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Morir por el Amazonas: la otra cara de la moneda brasileña

ELIZABETH PALACIOS (Revista Obras)


Fuente: AIDA
 El jueves 9 de junio de 2011 probablemente era un día como cualquier otro en la vida de Obede Loyla Souza, campesino, de 31 años de edad. Seguramente caminaba en medio de esos bosques tropicales cuya defensa estaba a punto de cobrarle una cara factura, aunque me gusta imaginar que él caminaba con esperanza.

Él era padre de tres hijos. Él vivía en el corazón del Amazonas y amaba su tierra −como todos deberíamos hacerlo pues es el pulmón del mundo−. Él fue asesinado ese jueves. Se trata del quinto defensor de los derechos ambientales que perdió la vida por ir en contra de los intereses económicos de unos cuantos, por defender el mundo, que es de todos y todas nosotras.

El cuerpo de Obede fue hallado descompuesto, dolido, macerado, como ha quedado el espíritu de quienes defienden la Amazonía en Brasil. Fue asesinado el jueves pero lo encontraron hasta el martes. Cinco días de incertidumbre y ¿por qué no decirlo? de esperanza. Su gente quería hallarlo con vida.